La conducta suicida ha sido un fenómeno históricamente estigmatizado, lo cual ha dificultado su detección y tratamiento1. En los últimos años ha aumentado la preocupación por esta problemática, centrando la agenda política a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020, destacó como prioridad la prevención del suicidio con el objetivo de reducir en un 10% las tasas de suicidio para el año 20202. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030, incluyó la prevención del suicidio, como uno sus objetivos de salud y bienestar global3.
En la actualidad, diversos países han desarrollado programas a nivel nacional y local de prevención de la conducta suicida, abordando diferentes factores sobre los que existe evidencia científica que pueden influir en este tipo de conducta. Estos programas se han clasificado en programas de prevención universal, orientados a toda la población (por ejemplo, restringir el acceso a los medios o métodos de suicidio); de prevención selectiva, orientados a población “vulnerable” con mayor riesgo biológico, psicológico o socioeconómico de conducta suicida (por ejemplo, líneas telefónicas de ayuda en crisis); y de prevención indicada, orientados a población de alto riesgo que presenta signos o síntomas sugerentes de potencial conducta suicida o que realizó un intento de suicidio previo (por ejemplo, seguimiento y apoyo comunitario posterior a la crisis suicida)4,5.
Los programas que han demostrado efectividad en la reducción de las conductas suicidas incluyen estrategias de intervención que implican a múltiples actores relevantes (por ejemplo, el sector sanitario, el sector de educación, o los medios de comunicación, entre otros) y/o que combinan diversos componentes de intervención como, por ejemplo, sistemas de vigilancia para la detección temprana de casos, abordaje sanitario en el momento de la crisis suicida, seguimiento especializado posterior a la crisis, formación de profesionales en la materia, entre otros5.
El Plan de Salud 2011-2015 de Catalunya fue pionero en la priorización de esta problemática. En él se planteaba, como objetivo de salud, la disminución de la mortalidad por suicidio para el año 20206. El nuevo Plan de Salud 2016-2020 destaca la salud mental como su área prioritaria, y selecciona la prevención del suicidio como proyecto principal7. El programa Código Riesgo Suicidio (CRS) es una estrategia de prevención indicada de la conducta suicida, y constituye la actuación principal de estas políticas de salud. El programa CRS pretende aumentar la supervivencia de la población atendida por conducta suicida y prevenir la repetición de los intentos de suicidio, con objeto de disminuir la mortalidad por suicidio. Para ello, se centra en la mejora de la detección y la atención precoz, así como en el seguimiento especializado posterior al alta hospitalaria, de personas que han realizado un intento de suicidio y/o que presentan un importante riesgo de suicidio 8.
La OMS ha enfatizado la necesidad de evaluar las políticas y programas de prevención de la conducta suicida desarrolladas por los países o regiones, con el objetivo de asegurar intervenciones basadas en la mejor evidencia científica disponible; y utilizar los resultados obtenidos para la mejora de los propios programas, la formulación de recomendaciones y la planificación de servicios5. No obstante, existen pocos estudios rigurosos que evalúen la efectividad y la eficiencia de estos programas5,9,10.
Referencias